La administración de Javier Milei intensificó su ofensiva contra la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, llevando la tensión a un nuevo nivel. La canciller Diana Mondino firmó una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), solicitando la detención de las principales figuras del régimen venezolano. En los argumentos se basaron en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, agravadas tras las recientes elecciones cuestionadas por fraude.

Mondino, a través de una carta dirigida al fiscal de la CPI, solicitó la emisión de órdenes de arresto contra Maduro y otras autoridades venezolanas. Esta petición se fundamenta en el artículo 58 del Estatuto de Roma, el cual regula la emisión de órdenes de detención en caso de que existan pruebas razonables para creer que un individuo ha cometido crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte. El artículo también contempla la necesidad de la detención para asegurar la comparecencia en juicio o para evitar la continuación de dichos crímenes.

El gobierno argentino sostiene que la evidencia disponible es suficiente para respaldar la detención de Maduro y otros miembros del régimen chavista. Cabe destacar que, en abril de este año, la Justicia argentina reabrió una causa relacionada con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno venezolano, bajo el principio de jurisdicción universal.

La medida actual representa un paso más en la postura de la administración de Milei de presionar internacionalmente al régimen venezolano. De hecho, tras esta acción, el gobierno de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos. Siendo Brasil quien asumió la representación de los intereses de Argentina en Venezuela.

El pedido formal fue dirigido al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, y se fundamenta no solo en las violaciones previas a los derechos humanos en Venezuela, sino también en los recientes episodios que sucedieron tras las elecciones fraudulentas, los cuales, según fuentes oficiales, agravan aún más la situación.