Luego de la multitudinaria marcha federal por el reclamo salarial docente y el presupuesto universitario, el presidente Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida quedó asentada en el Decreto 879/2024 publicado esta mañana en el Boletín Oficial. Tras ser aprobada por amplia mayoría en el Congreso, el principal argumento del Ejecutivo contra la ley es que no contempla el impacto fiscal. Según el Gobierno, no se determina la fuente de financiamiento, algo que según el Gobierno, atentaría contra la ley de Administración Financiera. De este modo, el presidente avanzó con un rechazo total al pedido de las distintas universidades en el marco del plan de equilibrio fiscal.

El decreto en cuestión establece el veto al Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757 sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN el 12 de septiembre de 2024. El artículo 1 establece: “Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757″ mientras que en el artículo dos se remarca: “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”.

Según el Gobierno, el proyecto aprobado por el parlamento “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. En ese sentido, se aclaró que “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. También se menciona el artículo 126 del reglamento de la Cámara de Senadores. El mismo prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo».

Rechazo a la protesta

Pese a los distintos cuestionamiento, la gestión libertaria había anticipado la decisión apenas aprobado el proyecto. El ejecutivo se mostró firme en el rechazo al considerarlo «irresponsable» y atentar contra el equilibrio fiscal. “Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos, y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025″, señaló Presidencia en un comunicado.

A este argumento se sumó la pulseada política con la oposición. Durante la marcha de ayer, estuvieron distintos representantes de la UCR, La Cámpora, el Frente de Izquierda e incluso del PRO. Asistieron también distintos movimientos sociales y las centrales gremiales CTA Y CGT, enfrentadas constantemente a la gestión libertaria. Bajo este contexto, la movilización fue catalogada por el Gobierno como una protesta «partidaria».