Durante las últimas dos semanas, el debate sobre el proyecto de Presupuesto 2025 ha tomado fuerza en Argentina, con distintos sectores de la oposición organizando encuentros informales con el Gobierno. El objetivo principal de estas reuniones es señalar diferencias clave y proponer alternativas viables. Los funcionarios libertarios mantienen una postura firme respecto a la distribución de recursos. Lo que ha impulsado a las bancadas dialoguistas a desarrollar una estrategia legislativa destinada a facilitar una negociación más equitativa.

Uno de los principales puntos de discordia radica en la nueva regla fiscal, que estipula que cualquier desviación en los ingresos previstos obligará a realizar ajustes proporcionales en los gastos. Mientras que gran parte del arco opositor respalda el déficit cero como una meta legítima, buscan restringir al máximo la discrecionalidad gubernamental. En concreto, proponen que si el Estado logra una mayor recaudación debido a una inflación menor a la esperada, se determine previamente el destino de estos recursos adicionales.

En una reunión reciente, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, indicó que estos fondos se destinarían a “bajar impuestos”. Sin embargo, tanto los radicales como los miembros del bloque de Miguel Ángel Pichetto consideran que esta medida es demasiado general y exigen una lista más específica. Además, en caso de una recaudación inferior a la proyectada, desean establecer de antemano qué sectores serán los primeros en sufrir recortes para asegurar el déficit cero, evitando afectaciones en áreas críticas como salud y educación.

Desafíos en el régimen jubilatorio

El régimen jubilatorio emerge como otro punto de conflicto significativo, percibido por la oposición como casi “sin solución”. El Gobierno ha rechazado aumentar el 8% para compensar la inflación de enero, no renovará la moratoria para que se jubilen personas sin aportes y dejará de actualizar el bono, según informó este martes el director de la ANSES, Mariano de los Heros. En su lugar, se limitarán a ratificar el DNU que actualiza los haberes conforme al Índice de Precios del INDEC.

Impacto en el financiamiento educativo

En el ámbito educativo, la Casa Rosada anticipa una reducción del 0,3% y una baja del 4,5% en el financiamiento de las universidades. El artículo 27 del proyecto de presupuesto estipula la suspensión del artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que exige un gasto consolidado no inferior al 6% del PBI para la educación. Desde la bancada radical, se advierte que esta suspensión tendrá consecuencias a largo plazo en la calidad del sistema educativo argentino, comprometiendo el desarrollo futuro del país y afectando la igualdad de oportunidades.

Propuestas alternativas de la oposición

Mientras los radicales buscan alcanzar un consenso con los libertarios, el bloque liderado por Pichetto ya está preparando un dictamen de minoría propio. Este presupuesto alternativo pretende lograr un equilibrio fiscal con criterios distributivos, enfocándose en revertir las pérdidas sufridas por sectores como jubilaciones, universidades y provincias durante 2024. Los diputados de Encuentro Federal planean definir de dónde provendrán los recursos para estas mejoras, respondiendo a las demandas del Gobierno. Los cálculos preliminares indican que mejorar las jubilaciones y garantizar el financiamiento universitario tendrá un costo del 0,6 puntos del PBI. Las principales fuentes de financiamiento incluirán regímenes fiscales, partidas que aumentan sin justificación aparente y algunos regímenes salariales especiales de la administración pública.