En la última celebración del Día Internacional del Trabajador, el presidente Alberto Fernández destacó que su gestión alcanzó el nivel de desempleo “más bajo en décadas”, el cual llegó al 7% a nivel nacional y remarcó que su Gobierno está cumpliendo con la promesa de generar trabajo. Sin embargo, en mercados de trabajo como el de Argentina, altamente heterogéneos, la tasa de desempleo no es el mejor indicador para mirar.

Según colegas de La Voz, el país tiene un mercado de trabajo fuertemente segmentado. La mitad de los trabajadores están ocupando puestos de muy baja productividad. Esto queda reflejado en una remuneración promedio que equivale a menos de la mitad que el segmento más formal y dinámico.

Y esto es así desde hace años, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). En Argentina, desde 2012 que los empleados en relación de dependencia, en empresas privadas, están estancados en seis millones. Lo único que creció en la última década fueron los empleados públicos (+740 mil); los asalariados no registrados (+700 mil); y los cuentapropistas (+1,3 millones).

La estructura del mercado laboral profundiza la pobreza

Esta casi nula generación de empleo de calidad cercena las oportunidades de progreso a una gran parte de la población. Además, desde el punto de vista social, quienes ocupan este tipo de puestos de trabajo generan ingresos que apenas superan el costo de la Canasta Básica Total (CBT). Es decir, el nivel que necesita una persona promedio para superar la condición de pobreza.

Así, queda planteada la vinculación muy estrecha entre severos problemas laborales que los sufre aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo y la persistencia de niveles de pobreza que alcanza al 39% de la población.

Modernización de las Instituciones Laborales

Uno de los principales obstáculos al crecimiento del empleo, además de la coyuntura económica que no favorece, son las instituciones laborales. Muchas datan de las décadas de 1970 y 1980, y no se han adaptado a los enormes cambios que ha tenido la sociedad. Entra las principales limitaciones a la creación de empleos de calidad, se encuentran:

  • Altos costos laborales no salariales: son un factor que desincentiva la contratación formal. Estos costos incluyen aportes y contribuciones a la seguridad social que representan una carga equivalente al 44% del salario bruto. Además, en promedio, se suma otro 5% obligatorio en los convenios colectivos para el sindicato de la actividad.
  • Escalas salariales y otras condiciones laborales: impuestas por los convenios colectivos sectoriales, que se aplican a un amplio y diverso conjunto de empresas. Esto resulta en que, las remuneraciones negociadas para grandes empresas en áreas metropolitanas, no sean aplicables a las pequeñas y medianas empresas del interior del país.
  • Indemnización por despido: se ve aumentada por una serie de multas que, en lugar de ir al Estado, se destinan al trabajador y a los honorarios de abogados. Esto genera incertidumbre y un costo desproporcionado al finalizar una relación laboral.

La modernización de las instituciones laborales requiere una agenda amplia y consensos varios. Algunos puntos centrales incluyen establecer un mínimo no imponible para las cargas sociales en las pymes; permitir que las empresas de menor tamaño negocien acuerdos propios con sus trabajadores fuera de los convenios colectivos sectoriales, para adaptar las remuneraciones y condiciones de trabajo a su realidad, y volver a una indemnización por despido con tarifas establecidas. Es decir, sin recargos de multas y con un seguro que mitigue sus impactos. Estas medidas representan las más urgentes según los expertos.