La Ley Ómnibus se encuentra en una fase crucial en la discusión política. Algunos números cruciales respaldan el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, al depender de la aprobación de esa iniciativa en el Congreso podrían requerir, por parte del equipo económico, un plan B. Esto se debe a que una parte significativa del plan fiscal se explica mediante aumentos de impuestos, que requieren la aprobación parlamentaria. Aunque el Ministerio de Economía ha dejado márgenes mayores para aplicar recortes presupuestarios en caso de que la instancia legislativa no prospere.

En términos generales, casi el 60% del ajuste fiscal hacia el déficit cero que busca el Palacio de Hacienda para este año se sustenta en recortes en partidas del gasto. Por ejemplo, las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública y también otros como subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.

Otro casi 40% está explicado por el aumento de impuestos. Los casos más destacados son los del PAIS para las importaciones y un incremento generalizado de derechos de exportación. Los cuales son aspectos que podrían generar tensiones en el Congreso. También aparecen el aporte de la moratoria, el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales.

El posible «Plan B» según consultoras privadas

Una manera alternativa que observan los estudios privados es discriminar qué parte del ajuste el Ejecutivo puede realizar directamente y qué parte necesita de una ley sancionada por el Congreso. El 80% de ese ajuste, es decir, el 4,1% del PBI, puede ser activado solo con la decisión del Poder Central. En ese listado de medidas se ubican la suba del impuesto PAIS y los menores gastos en jubilaciones y pensiones. Luego, transferencias a provincias, subsidios económicos, gasto en obra pública, programas sociales como Potenciar Trabajo y gastos de funcionamiento como salarios públicos.

Las partidas de transferencias a provincias son otro caso en este sentido. El plan de ajuste inicial no espera llevarlas de inmediato a cero, sino que deberían terminar el año en torno al 0,5% del PBI, una caída desde el 0,8% del PBI. La obra pública también podría ser una moneda de cambio para acelerar el ajuste si el Gobierno no logra aumentar las retenciones. También restablecer Ganancias y aprobar el blanqueo y el cambio en Bienes Personales incluidos en la Ley Ómnibus.