Las universidades nacionales expresaron su inquietud ante la prórroga del Presupuesto de 2023 para el presente año. Una medida adoptada por el gobierno que podría poner en riesgo su funcionamiento más allá de abril o mayo, según estimaciones. Hay una falta de avances significativos en las negociaciones paritarias para docentes y trabajadores no docentes. En ese escenario, algunas instituciones optan por estrategias de recorte en la oferta académica para reducir gastos. Mientras que otras cuestionan la viabilidad del inicio del ciclo lectivo.

A dos meses de la asunción de Milei, las señales de deterioro ya se hacen evidentes. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresó su «extrema preocupación» y, a través de una declaración, solicita al Gobierno Nacional un presupuesto actualizado para el año en curso. El cual asegure la continuidad de las funciones académicas, de investigación, salud y extensión, además de la actualización de partidas relacionadas con las paritarias.

La Universidad Nacional de Quilmes evalúa declarar la emergencia económica. La Universidad Nacional de Río Cuarto advierte sobre inconvenientes para el pago de servicios generales, devaluación de becas, afectación del sistema alimentario y otros aspectos institucionales si no se realiza una recomposición presupuestaria.

En un contexto marcado por la complejidad económica, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, señala que será difícil superar el primer semestre. El principal desafío radica en la paritaria, donde las casas de estudio buscan recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. La última propuesta gubernamental de un 6% de incremento para febrero fue rechazada por el Frente Sindical Universitario. Y que destaca la pérdida del poder adquisitivo del salario en más del 50 por ciento respecto a la inflación de diciembre y enero.

En el nuevo escenario político, las conversaciones entre gremios y autoridades universitarias se canalizan a través del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ambos bajo el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello. La incertidumbre y las demandas de las universidades nacionales destacan la necesidad de una pronta acción gubernamental para garantizar la continuidad del sistema educativo superior.