El objetivo es que las jubilaciones acompañen de cerca el avance de la inflación y no pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, en la práctica los resultados están lejos de ser los ideales. “El Gobierno nacional se ha visto obligado a otorgar un sin número de bonos especiales. Para compensar la enorme caída de los haberes jubilatorios, producto de una fórmula que no funciona”, expresó Daniel Marcu, actuario y experto en temas previsionales.

“La desastrosa ley de movilidad previsional 27.609, que rige desde 2021, ha causado un daño tremendo en el poder adquisitivo de los jubilados. Una pérdida promedio del orden del 30% no sería aceptable en ningún país del mundo, pero en la Argentina parece pasar desapercibida, al menos para gran parte de la clase dirigente. Más grave aún, el pico de altísima inflación que vamos a sufrir en los próximos meses puede llegar a generar una pérdida adicional en el poder de compra del orden del 20/25%, con lo cual estaríamos hablando de jubilaciones que van a perder la mitad de su valor. Ni siquiera la nefasta Ley de Alquileres ha producido un daño tan grave”, remarcó el experto.

Su propuesta es derogar la Ley 27.609 y, a partir del 1 de enero de 2024, que todas las jubilaciones se ajusten por un nuevo índice de costo de vida. Específico del consumo de los adultos mayores, que sería desarrollado por el INDEC. “El INDEC puede rápidamente implementar este índice, dado que cuenta con los relevamientos de precios. Y solo debe definir las ponderaciones de una canasta de consumo específica. Por ejemplo, incrementando la participación de medicamentos y gastos vinculados con el tiempo libre. Mientras define el indicador, se puede implementar el IPC general”.

“La brecha se ha perdido, es un hecho, pero hay que tener en cuenta también que quienes cobran el bono no tienen garantizada la continuidad del mismo. Sin esos aportes extras del gobierno, la pérdida sería mucho mayor también para ese grupo de beneficiario”, alertó Marcu. “En otras palabras, dentro de poco tiempo el bono va a tener que superar el 100% de la jubilación mínima. Los haberes de cerca de 5 millones de personas van a depender de la discrecionalidad del Gobierno para mantener su poder adquisitivo”.