El caso de Mariela Márquez, la joven que fue asesinada por un disparo en Yerba Buena conmocionó a todos en la mañana del 13 de octubre de este año. La joven se desempeñaba como empleada de limpieza en un local ubicado en las inmediaciones de Aconquija y Chacho Peñaloza. Ese día, Gerónimo Helguera ingresó con un arma en búsqueda de un supuesto excompañero e hirió de muerte a Mariela. Finalmente, esa misma noche terminó falleciendo en el Hospital Padilla.

En ese entonces, la magistrada dispuso que el victimario tendría que ser evaluado por una Junta Médica para que se determine: si sufría una grave alteración morbosa de sus facultades o insuficiencia de las mismas; si presentaba un peligro para sí mismo o para terceros; si tenía que ser internado o no; si podía comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones conforme a esa comprensión; y si podría presenciar y comprender una formulación cargos en su contra, sin que eso implique una violación al derecho de defensa.

La defensa de Helguera integrada por Ernesto Baaclini y Camilo Atim Antoni ya se habían manifestado acerca de salud mental del joven. Helguera culparía a un compañero de la secundaria a quien volvió a ver hace tres semanas y que, desde entonces, se habría propuesto acabar con su vida. Durante la audiencia, la defensa planteó que «su defendido no se encontraba psiquiátricamente estable», por lo que solicitaron que se lo declare inimputable porque podría no entender la formalización de cargos.

En una nueva audiencia hoy, la jueza indicó una actualización del caso: “Del último informe remitido por el Obarrio surge que Helguera está tranquilo, orientado globalmente, con conciencia de situación, que no se constatan alteraciones en sus funciones perceptivas, que sus funciones fisiológicas están conservadas. Hubo una estabilización del cuadro inicial que presentaba, al tiempo que aseguró que “si hay evidencias suficientes, esta causa debería llegar a un juicio oral y público donde allí será una cuestión a debatir la imputabilidad o inimputabilidad”.

Finalmente, se determinó que reciba prisión preventiva por cuatro meses debido a que pueden existir «riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, en cuanto a la posibilidad de que Helguera influya sobre víctimas y testigos», destacan desde la Justicia.