Un grupo de damnificados se apostó en calle Congreso al 800 para reclamar el acceso a las viviendas, un convenio del IPV y la Asociación Gremial de Empleados Judiciales (AGEJ). Tránsito cortado en el lugar.

La lucha viene ya desde el 2009 cuando el gremio anunció el convenio y convocó a los agremiados a inscribirse para el proyecto. Para ello debían abonar una suma de dinero que funcionaría como garantía para acceder al barrio y como entrada para la compra del terreno.

«Nosotros hicimos todo lo que correspondía, nos aprobaron los papeles», manifestó Sebastián Almirón, uno de los damnificados que concurrió a la protesta.

«Nos solicitaron abonar acá en el gremio, para poder garantizarnos en diferentes fechas y diferentes montos, la posibilidad de acceder a estas viviendas», continuó. Las casas estaban programadas para Las talitas y para San Andrés. «San Andrés tiene muy pocas viviendas entregadas», aseguró Almirón.

El reclamo no sólo está ligado al tiempo que pasó desde la convocatoria y a la falta de respuesta por las sumas abonadas al gremio. Además, el mismo gremio le solicita nuevamente abonar más dinero para poder acceder a las viviendas.

«No pedimos nada gratis, lo que estamos haciendo es pedir que nos permitan abonar el terreno en el IPV (Instituto Provincial de Vivienda), no queremos pagarles nuevamente a ellos para que al final nos volvamos a ver estafados», dijo el damnificado.

La movilización de hoy fue para exigir un pedido concreto: «Lo queremos hacer de manera lo más transparente posible con intervención del IPV, que esté enterado de cada movimiento que hace el gremio», pidió.

Respecto a los montos de dinero que han perdido, Sebastián dijo a la prensa que en 2009 abonó 100 mil o 110 mil pesos. Le prometieron con eso acceder a la vivienda y entrada como parte de pago del terreno. Hasta la fecha no se concretó y no recibieron respuestas del gremio.