El debate sobre la privatización de empresas públicas en el gobierno de Javier Milei aún no se ha traducido en acciones concretas. Sin embargo, sí ha comenzado a ganar terreno en términos de recursos e instrumentos legales. Tras la salida del exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, asumió la responsabilidad del área de las sociedades del Estado. Esto mediante la creación de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, establecida el 18 de julio. Ahora, esta agencia ha ganado más atribuciones y contará con nuevos fondos para su gestión.

El decreto 764, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha ampliado las competencias de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que pasó de tener 14 funciones a un total de 26. Además, se ha dispuesto la creación de cinco nuevos puestos en el empleo público. Con cargos de alta dirección, que incluyen roles como Director Ejecutivo de Apoyo Legal y Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones. Estos puestos tendrán una remuneración bruta de $3.085.430,42, con un neto aproximado de $2.665.000 después de deducciones.

Estos nuevos directores se sumarán a la estructura encabezada por Diego Chaher, quien se desempeñó como interventor de Télam durante la gestión de Posse. La administración de las empresas públicas, que incluye la gestión de recursos millonarios, ha pasado a manos de Caputo tras la reorganización del gabinete, y Chaher ha sido designado para liderar la Agencia de Transformación.

El nuevo decreto también ha añadido responsabilidades a la Agencia, que ahora deberá implementar un sistema de monitoreo continuo del desempeño de las empresas públicas. Asimismo, la agencia se encargará de coordinar las áreas relacionadas con las compañías declaradas «sujetas a privatización». Como por ejemplo, ENARSA, Intercargo, AySA, y Belgrano Cargas, entre otras. Su rol incluirá garantizar la transparencia en los procedimientos de selección de posibles oferentes y brindar asistencia para la contratación de asesores que lleven a cabo las tasaciones necesarias.

Hasta la fecha, ninguna de las empresas consideradas para privatización ha iniciado negociaciones formales para su venta. Desde el Gobierno explican que antes de proceder con las ventas, es necesario sanear las compañías, lo que ha llevado a ajustes en sus transferencias y una reducción en sus plantillas.