Bajo la consigna “Basta de ajuste en discapacidad”, la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad (C.I.T.E.D) convocará a una movilización en todo el país para el próximo miércoles. La medida de fuerza surge a partir del rechazo a un proyecto de decreto del Gobierno nacional. El mismo busca desregular las prestaciones por discapacidad en el país. El proyecto oficial propone que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación. De este modo se quitaría la obligación al directorio de cumplir dicha tarea. Según la agrupación, la medida podría afectar a 200 mil personas con discapacidad, profesionales, centros educativos de atención, transportistas y otras áreas de gran relevancia. Desde Tucumán, distintos actores involucrados adherirán a las medidas de fuerzas del sector y marcharán a Plaza Independencia. 

“Nos movilizamos en todo el país para frenar el decreto que destruye el sistema de atención a las personas con discapacidad. El viernes 10 de mayo, se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24.901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga”. señala el primer tramo del comunicado de CITED.  

Según la entidad, la medida traerá serias consecuencias económicas a “aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial”. “Agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado”, manifestaron. Además, aseguran que afectará la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad. En ese sentido, detallaron que existe un atraso del 100% para el transporte y un 45% para el resto de las prestaciones. “Dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso” argumentaron.

Rechazo al decreto en Tucumán

En diálogo con VOVÉ Tucumán, el CPN Luis Moreno, miembro de la Comisión Directiva de CITED, anunció una movilización en la provincia. La misma se llevará a cabo el día miércoles en Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán. “Estamos visibilizando la situación a través de las redes de la cámara y de las 45 instituciones nucleadas en la misma. Se dejará un petitorio en Casa de Gobierno para que sea elevado al señor presidente”, detalló.  “Esta medida afectaría al rededor de 4500 profesionales que trabajan en centros categorizados. Más de 50 mil familias se verían afectadas por esto. Es una actividad que tiene una preponderancia bastante activa, en forma directa, sin tener en cuenta a los transportistas y todo lo que mueve a la actividad de discapacidad: implantes, sillas de ruedas, medicación, entre otras. Aparte, es un sector bastante vulnerable”, cerró.