Emprendedores independientes protestaron esta mañana frente a la Sede de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La concentración inició a las 10 de la mañana en las puertas del edificio ubicado en calle 9 de Julio 598. Luego marcharon por la misma vía hacia plaza Independencia. Los feriantes reclaman por cobros indebidos de parte de funcionarios del municipio y exigen un reintegro del dinero. Así también, solicitan la restitución de sus espacios y días de trabajo. 

Según los comerciantes, los cobros fueron en concepto de carteles ($1800) y espacio público ($2500), aunque habrían llegado a un acuerdo para que este aporte sea de $1500, ambos sin la entrega de factura o comprobante. En diálogo con VOVE Tucumán, Lourdes Arce, una de las emprendedoras damnificadas, reclamó «mayor transparencia y buenos tratos» por parte de los funcionarios. «Queremos recuperar nuestro lugar de trabajo que, hasta la gestión pasada, fueron las plazas céntricas», sostuvo. «Empleados como Carlos Villafañe y Laura Suarez, que se encarga de la feria de la municipalidad fueron cómplices de estas situaciones», señaló.

Por otro lado, solicitaron poder elegir representantes propios en la Comisión de Emprendedores y Artesanos que presentó el municipio. «Como emprendedores no podemos confiar en esta gente. Queremos que haya gente que realmente nos represente y no estos empleados que, evidentemente, lo único que ven es una caja en las ferias», señaló. Arce manifestó que no obtuvieron respuestas y recibieron «malos tratos» por parte de los funcionarios municipales, por lo que solicitaron hablar directamente con la intendenta Rossana Chahla. «Si ella no nos atiende, recurriremos al gobernador Osvaldo Jaldo, que es la autoridad que le sigue, porque si desde el municipio se sigue apañando esta situación, nosotros ya no tenemos nada que hacer acá», sentenció.

La respuesta de un funcionario

El conflicto habría surgido por supuestas irregularidades en el cobro del espacio para feriantes y emprendedores que comercian en las plazas de la capital. Tras una serie de publicaciones en medios locales, surgieron especulaciones sobre la remoción de funcionarios municipales presuntamente implicados en las irregularidades y la falta de controles. No obstante, el ahora ex subsecretario de Relaciones Institucionales, Carlos Alberto Ríos, uno de los señalados por el conflicto, manifestó que se trata de una “mala información” y realizó un descargo.

“Me veo en la honesta y sincera obligación de aclarar que el único importe que se solicita es por el valor de  $1500 que cada feriante aporta y resulta necesario para el funcionamiento de la feria. Esta última, se autogestiona con los gastos de música, espectáculos, baños químicos, artículos de limpieza, personal de limpieza, etc. Siempre funcionó así, ya que nuestra labor es la de facilitar los espacios para los feriantes y organizarlos mejor para el disfrute y crecimiento de su actividad. Me encuentro realmente sorprendido por los disparates que he leído y siendo víctima de maniobras políticas para desgastar mi imagen”, afirmó Ríos.