Una investigación liderada por el fiscal Diego López Ávila, con la ayuda del Equipo Científico de Investigación Fiscal, reveló que la familia Contreras, residente en el barrio Alejandro Heredia, estuvo involucrada en al menos 50 delitos en la zona. Los miembros de la familia son reconocidos por sus tendencias conflictivas y violentas, y sus vecinos se han quejado del malestar social que generan en el barrio.

Entre enero y noviembre del año pasado, la familia fue reportada en 47 ocasiones por diferentes ilícitos, como robos y amenazas con armas de fuego. Las víctimas de ocho casos diferentes, registrados entre diciembre de 2022 y el 10 de febrero de este año, entregaron pruebas que llevaron a la aprehensión de José «Pelao», Sebastián y Cristian «El Rengo» Contreras.

A pesar del temor que los invadía de sufrir represalias, algunas víctimas decidieron colaborar con los investigadores y presentaron pruebas que incriminan a los acusados. Durante el diálogo con la policía, describieron el modus operandi de los Contreras, que generalmente actúan de noche, a veces en motos, y esperan a transeúntes desprevenidos ocultos detrás de un poste o en una esquina. Los Contreras también fueron denunciados por usurpar viviendas de los vecinos del barrio.

El fiscal citó a una joven para que explicara oficialmente lo que sucedió después de que la hermana de una de las víctimas difundiera una publicación en Facebook acusando a uno de los integrantes del clan Contreras como autor del hecho. El acusado habría respondido amenazando a la joven: “sacá la denuncia o te mando a tu hermano en un cajón”.

Sin embargo, la policía intervino y los delincuentes finalmente fueron detenidos y procesados. La fiscalía llegó a un acuerdo con la defensora Romina Campero para que el caso fuera cerrado a través de un juicio abreviado. Los acusados, tres hermanos de la familia Contreras, aceptaron su responsabilidad en los hechos y fueron condenados a prisión. «El Pelao» recibió una pena de diez años, Sebastián Contreras recibió ocho años y «El Rengo» recibió una pena de tres años condicional por tenencia ilegal de arma de fuego.