El Gobierno confirmó la postergación por tiempo indefinido de los aumentos programados para el mes de mayo. Los mismos incluyen a las subas planificadas en las tarifas eléctricas y de gas. Así quedaría suspendida la nueva indexación mensual de las tarifas de los servicios públicos para los componentes de transporte y distribución. Del mismo modo, se postergará la actualización de dos impuestos a los combustibles que venían atrasados. Estos habrían generado subas en los combustibles líquidos (nafta y gasoil). El objetivo del Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo es consolidar la baja de la inflación, que en abril habría vuelto a un dígito mensual y se acercaría al 8%. En paralelo, desde el Palacio de Hacienda se evalúan alternativas para moderar la inflación de mayo.

Servicios

Fuentes oficiales confirmaron que «no va a haber aumentos». Desde este 1 de mayo estaban programadas distintas actualizaciones de tarifas energéticas. Tanto los servicios de luz como de gas, habrían comenzado desde mayo a tener una indexación mensual de sus tarifas, en base a la evolución previa de los salarios, la inflación y hasta el costo de la construcción. Los aumentos que arrojaban esas fórmulas iban entre el 10% y el 12,5%, lo cual hubiese tenido una incidencia cercana al 5% en las facturas finales que pagan los usuarios. Algunas de las empresas que deben actualizar sus tarifas en el futuro son Transener, Transba, Edenor, Edesur, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras.

Combustibles

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergó las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Al respecto, el ministro Caputo evalúa dividir en tramos la actualización, que si se aplicara entera equivale a un total de $61,82 por litro de nafta y $42,07 en el gasoil.

El Gobierno aún evalúa la «programación estacional» de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Esta contiene los precios de la energía en invierno. Esto podría significar incrementos cercanos al 85% en el precio mayorista de la electricidad. En consecuencia, supondría un 25% de aumento en las boletas de usuarios de ingresos altos, comercios e industrias. También está pendiente la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), el nuevo mecanismo para asignar subsidios a la clase media y los hogares en situación de pobreza.

Desde el sector empresarial miran como una “mala señal» la postergación de los aumentos. Algunas empresas firmaron compromisos ante el Gobierno para suspender reclamos administrativos y judiciales por los incumplimientos del Estado nacional en los contratos. Esto se debe al congelamiento de las tarifas durante la gestión de Alberto Fernández. Las mismas «actas acuerdo» señalan que si el Ejecutivo incumple la cláusula de indexación, las empresas podrían retomar acciones y solicitar compensaciones por el congelamiento de tarifas a partir de 2019.