El Gobierno de Javier Milei ha detenido el flujo de fondos discrecionales hacia las universidades nacionales. Este movimiento puso en la mira a diez instituciones educativas superiores, a las cuales se les anunció una revisión exhaustiva de sus flujos financieros, anteriores al cambio de gobierno.

La decisión generó tensiones y críticas, especialmente considerando que las transferencias discrecionales fueron completamente recortadas para estas instituciones. Paralelamente, se ha desatado una disputa por los fondos asignados a las universidades. En lo que destaca que el presupuesto total vigente para cada institución individualmente alcanza los $717.018 millones, con una ejecución promedio cercana al 40%. Sin embargo, el presupuesto global para todas las universidades, sin discriminación, es de $638.357 millones, con una ejecución del 0%, lo que indica que no se han transferido fondos a lo largo del año.

Los montos asignados a cada casa de estudios provienen de los presupuestos prorrogados de 2023, con una actualización prevista del 70% para los gastos operativos. Sin embargo, en años anteriores, las universidades han negociado acuerdos políticos para un reparto equitativo de fondos. Y que prácticamente igualaba la suma del presupuesto específico asignado a cada una.

El escenario político también está presente en este contexto, con la mayoría de las universidades nacionales siendo espacios ligados a diferentes partidos políticos. El radicalismo, encabezado por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, tiene influencia en varias instituciones a través de agrupaciones como La Franja Morada y Nuevo Espacio. Lo que ha sido objeto de críticas por parte del Presidente Milei, quien ve en este partido una representación de la vieja casta política.

Universidades en la mira

El aumento de presupuesto anunciado se aplicará a todas las instituciones, excepto a cuatro de las cinco cuestionadas por el Gobierno, creadas recientemente. Estas excepciones incluyen a las universidades del Delta, Ezeiza, Pilar, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. Entre las universidades bajo revisión se encuentran Hurlingham, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Antonio de Areco, Noroeste de Buenos Aires, San Martín, Litoral, Chilecito, Pedagógica y Patagonia San Juan Don Bosco, destacándose por recibir más fondos de lo presupuestado originalmente y por sus conexiones políticas.