Después de semanas de negociaciones, el Gobierno decidió avanzar con la modificación de la fórmula jubilatoria a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta medida se tomó luego de que las instancias de negociación política con otros partidos agotaran las posibilidades de un consenso para tratarlo por ley.

La publicación del decreto se espera que sea inminente, posiblemente mañana en el Boletín Oficial. La nueva fórmula se basará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje adicional, estimado entre el 12 y el 14 por ciento. Aunque esta propuesta está dos puntos por encima de la inicial del ministro de Economía, Luis Caputo, sigue siendo inferior al 20 por ciento que demandaba la oposición.

El Gobierno optó por esta medida para evitar que la decisión se demore más allá del 1 de abril, fecha clave para la aplicación de la nueva fórmula y el empalme de los ingresos de los jubilados. Retrasar la decisión hasta junio sería aún más problemático para la situación social del sector.

Esta decisión implica que el Gobierno descarte los pedidos de PRO para tratar el proyecto de María Eugenia Vidal dentro del marco de la Ley de Bases, como inicialmente se había planeado. Los libertarios se ven obligados a resignar esta opción, ya que el debate en comisión del paquete más importante para LLA comenzaría después de Semana Santa y llegaría al recinto en abril, con la posible entrada en vigor de la nueva fórmula en mayo.

Aunque el DNU era la opción menos deseada para el Ejecutivo debido a su posible rechazo por el Congreso y su judicialización, se consideró necesaria ante la falta de consensos políticos y la urgencia de aplicar la nueva fórmula antes de la fecha límite.