La situación sanitaria y ambiental que registra la ciudad capital recibe un fuerte impulso para su recuperación. Estas medidas fueron parte de las promesas de campaña de la intendenta Rossana Chahla. Luego de su asunción, aseguró que buscaría fuertemente mantener esta línea durante toda su gestión en San Miguel de Tucumán.

Siguiendo esta línea, el Municipio capitalino presentó ante el Concejo Deliberante (HCD), un proyecto de ordenanza. Cuyo objetivo es el de declarar la Emergencia Sanitaria y Ambiental en su jurisdicción. Entre los fundamentos para llevar adelante esta iniciativa, con alcance durante un año de vigencia, destaca el estado de situación que registra un informe con el diagnóstico ambiental del Área Metropolitana de Tucumán (AMeT). En el informe se detallan aspectos relacionados, de manera directa, con el medio natural y las actividades humanas. Como por ejemplo, la calidad del aire, los espacios verdes y la gestión política metropolitana. También la educación ambiental y, especialmente, la gestión de residuos domiciliarios, entre otros.

Detalles del Proyecto de Ordenanza

Para llevar adelante la ejecución eficaz de estos propósitos, se busca habilitar al departamento Ejecutivo para arbitrar los medios necesarios. De esta forma, podrían avanzar para la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos en todo el ámbito municipal, a partir de la promulgación del proyecto. Por otro lado, dicho Departamento reasignaría partidas presupuestarias para efectuar, ante eventualidades y con carácter excepcional, contrataciones de manera directa que permitan brindar soluciones a la comunidad.  En ese mismo sentido, se busca la creación de una comisión integrada por el presidente del HCD y los titulares de cada uno de los bloques políticos del cuerpo deliberativo. Cuyo fin es el de realizar el seguimiento de las acciones realizadas.

Se considera que la Dirección Provincial, no ha podido dar solución al control dentro de la ciudad por la complejidad y extensión que abarca. En otras palabras, es el propio Municipio el que busca hacer cumplir la legislación vigente en términos de protección ambiental y gestión de residuos sólidos. De continuar en falta, podría ocasionar un grave daño ambiental en la cuenca Salí-Dulce. Así como en las napas, suelos y el aire, redundando todo esto en problemas de salud para la población.