En la Corte de Apelaciones de Manhattan, donde se está revisando el fallo de primera instancia que condenó a Argentina a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, varios países de la región, incluyendo Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, se presentaron como «amicus curiae» (amigos del tribunal). Argumentaron que el fallo de la jueza Loretta Preska es una interferencia en un estado soberano. Y que, a su vez, podría afectar las relaciones comerciales bilaterales entre Estados Unidos y otras naciones de la región.

Los países soberanos afirmaron que el fallo amenaza con perturbar las relaciones comerciales y tiene implicaciones en las expectativas futuras de naciones soberanas. Sostienen que se trata de un tribunal estadounidense que interfiere en asuntos domésticos y que se ha inmiscuido en una empresa radicada en un país extranjero regido por sus propias leyes. Alertaron sobre las consecuencias económicas para la región y destacaron la preocupación por la aplicación errónea de la ley y la jurisdicción del tribunal.

En sus presentaciones, Brasil y Uruguay expresaron su inquietud por las implicancias del fallo negativo, afirmando que los pueblos de la región no deberían soportar las consecuencias económicas de una sentencia que mal aplica la ley vigente. Chile y Ecuador advirtieron sobre el riesgo de sentencias cada vez mayores de tribunales estadounidenses y su impacto en las empresas de la región en la bolsa americana y en el comercio bilateral.

Provincias productoras de hidrocarburos en Argentina, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, académicos y exjueces argentinos también presentaron argumentos en la corte de Estados Unidos. La atención ahora se centra en cómo los jueces de apelación considerarán estas presentaciones y qué peso otorgarán a la presión de los países de la región.