En un esfuerzo por reducir el consumo energético, el Gobierno ha implementado una nueva medida que busca un impacto ejemplificador en la administración pública. A través de la Resolución 148/2024, publicada en el Boletín Oficial, se promueve la reducción del consumo de luz en todos los edificios que dependen de la Administración Pública Nacional.

La resolución se basa en decretos anteriores que declararon la emergencia económica y el uso racional y eficiente de la energía como prioridades nacionales. En particular, la medida se alinea con el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). El cual fue aprobado el 21 de diciembre de 2007, y tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética en los sectores públicos y privados.

El documento establece que es esencial que el sector público asuma una función ejemplificadora. La eficiencia energética en edificios públicos reducirá los costos de los servicios energéticos, y también protegerá el medio ambiente y fomentará la sostenibilidad. El programa incluye la capacitación del personal en buenas prácticas de uso eficiente de la energía y la creación de un inventario detallado de las instalaciones energéticas. Además, equipos de acondicionamiento de aire, sistemas sanitarios y de agua potable en los edificios públicos.

El Gobierno busca la eficiencia energética

Para implementar esta medida, el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, ha solicitado a las empresas y cooperativas distribuidoras del Servicio de Energía Eléctrica que cuenten con medidor y tarifa de cargo por potencia que modifiquen la potencia eléctrica contratada por los organismos públicos. La nueva potencia eléctrica deberá ajustarse a la máxima demanda del mes anterior a la vigencia de la medida. Y así cumplir con criterios de ahorro económico y eficiencia energética.

Además, en caso de variaciones estacionales de la demanda eléctrica, la potencia deberá adecuarse al periodo de alta demanda y posteriormente reducirse. El decreto también establece una serie de requisitos para que los responsables de los organismos públicos brinden información necesaria para el pleno cumplimiento del PROUREE.