Tras asumir la Presidencia, Javier Milei encargó un exhaustivo estudio de todas las áreas del Estado para comprender mejor la situación administrativa y ejecutar su plan de ajuste. La tarea recayó en Miguel Carlos Blanco, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, se le otorgó 30 días hábiles para analizar empleados estatales, licitaciones, gastos ministeriales y contrataciones.

El informe final, entregado por Blanco a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Transformación del Estado, destaca irregularidades y deficiencias en el control interno. Manuel Adorni, vocero presidencial, reveló que la deuda por contrataciones dejada por la administración anterior asciende a 3 billones de pesos al 7 de diciembre.

Adorni señaló que el 88% de las acciones del Estado presentó «fallas en los controles» durante la última gestión. Se prevé que el Presidente ofrezca detalles adicionales, y cada Ministerio realizará auditorías específicas. Aún no se decide cómo se comunicará el informe; conferencia de prensa, cadena nacional o redes sociales están en consideración.

El proceso de análisis involucró estudios en los Ministerios y organismos descentralizados para evaluar la situación de los empleados. Blanco inició su trabajo el 29 de diciembre, recabando información sobre la función de cada área. Y revisando análisis específicos, antes de elaborar el informe general.

El documento final abarca capítulos sobre personal, cantidad de organismos, licitaciones y gastos corrientes. El Gobierno considerará recortes y la posible desaparición de sectores, alineándose con el plan de ajuste. La administración actual planea desmantelar institutos considerados innecesarios o utilizados como «cajas de la política».

La comunicación del informe dependerá de las conclusiones de la Jefatura de Gabinete, marcando un paso significativo en el plan de Milei para reorganizar y optimizar la administración pública.