El Gobierno de Javier Milei anunció, a través de la Decisión Administrativa 76/2024, publicada en el Boletín Oficial, el traspaso de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud. Esta área desempeña un papel crucial al otorgar subsidios significativos para la adquisición de medicamentos de alto costo. Como por ejemplo, tratamientos oncológicos o prótesis para cirugías, entre otros insumos médicos.

Este cambio de cartera surge tras la detección de graves irregularidades en la gestión anterior, durante la presidencia de Alberto Fernández. La auditoría ordenada reveló posibles delitos penales, lo que llevó a una denuncia penal presentada en el juzgado de Julián Ercolini. La denuncia abarca presuntos delitos como «defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público».

La resolución implica la transferencia de créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes, personal y dotaciones vigentes, con un valor de $37.985.218.890, según el Presupuesto Abierto. Los funcionarios justifican el cambio destacando la alineación de las competencias asignadas al Ministerio de Salud. Y la conveniencia de trasladar la DADSE de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud.

La investigación, que se remonta a 2016, señala una metodología irregular en la adquisición de medicamentos de alto costo. Con presuntos beneficiarios direccionados y la falta de cumplimiento de normas de transparencia en las compras estatales. A pesar de advertencias en 2019 y 2022 por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), la metodología problemática continuó durante la gestión de Fernández.

La denuncia sugiere que funcionarios de la DADSE podrían haber realizado «negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles». Se destaca el uso de correos electrónicos no seguros para la selección de proveedores y la falta de transparencia en la adquisición de medicamentos por miles de millones de pesos.

La resolución del gobierno de Milei busca reestructurar y corregir las irregularidades detectadas, garantizando una gestión más transparente y eficiente en la atención de situaciones especiales de salud.