Un nuevo round se produjo en el marco de la contienda entre el Gobierno Nacional, presidido por Javier Milei, y la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio Tapia, por el posible ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas en el ámbito del fútbol nacional. La novedad es que el Poder Judicial de la Nación, a través del Juzgado Federal de Mercedes, decidió avalar la medida cautelar presentada por la AFA, y le ordenó al Gobierno la suspensión de los efectos de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023 y la reglamentación de las SAD.

La entidad madre del fútbol argentino, que fue representada por el abogado Dr. Alejo Kufer promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado Nacional, en la que cuestionó la legitimidad de ciertos artículos de un decreto dictado, hace unas semanas atrás, por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Según la argumentación de la AFA, los mencionados decretos, que afectan la estructura y funcionamiento de las asociaciones deportivas, constituyen «una palmaria intromisión del Estado Nacional en entidades privadas» y «violan un sinnúmero de artículos de la Constitución Nacional«.

En su dictamen, el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto recordó que la eficacia del proceso cautelar reside en «asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en una causa» y que la pretensión de la AFA «no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida», sino de «un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido». Por ende, el tribunal resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando «la suspensión de los efectos en los términos y alcances del Artículo 13 de la ley 26.854 de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023 y del Decreto Reglamentario 730/2024, hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva».

La institución que preside «Chiqui» Tapia a través de su abogado fundamentó la necesidad de esta medida cautelar para «evitar que Sociedades Anónimas, que no cumplen con los requisitos necesarios para ser miembros de la AFA, adquieran, en virtud de estos decretos, un derecho que las obligue a ser aceptadas». Además, desde AFA aludieron que «la intromisión del Estado Nacional en la vida de las entidades deportivas» no solo afecta su autonomía, sino que «altamente compromete la libertad de asociación y desarrollo independiente de las organizaciones deportivas».

El tribunal, por su parte, sostuvo que la medida cautelar no implica prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo, pero enfatizó la «urgencia» de la acción cautelar debido al «carácter del DNU cuestionado». Pues, dicho decreto impone «importantes modificaciones de aplicación inmediata en materia de deporte» y, si no se controlan, podrían inducir a una reestructuración forzosa de las entidades deportivas, obligándolas a incluir «una forma societaria hoy prohibida» por su estatuto.