En la provincia de Tucumán, las fiestas electrónicas han sido objeto de una prohibición oficial anunciada por el gobernador Osvaldo Jaldo a finales de septiembre. La medida surgió tras un fin de semana marcado por la clausura de múltiples eventos clandestinos y la incautación de drogas, generando una fuerte reacción tanto del gobierno como de los empresarios del sector.

Los productores de música electrónica han expresado su descontento con la decisión del gobernador, calificándola de «arbitraria» y «estigmatizante». Eduardo Mesón, empresario de la fiesta «Proyecto Aborigen», denunció las consecuencias económicas y morales de la prohibición: “Si hay presencia de droga en la provincia es responsabilidad de las políticas públicas, no de privados. Recibí intimidación policial durante los últimos 10 días que me hicieron cancelar dos eventos grandes con muchísima gente afectada y dinero que no se puede cuantificar todavía”. Por su parte, Gustavo Filgueira, DJ y productor de la fiesta “R9”, señaló que la medida ha impulsado la proliferación de fiestas clandestinas: “La cancelación del evento (por la semana del 20 de septiembre) dio lugar a que esa noche proliferen fiestas clandestinas bajo ninguna norma regulatoria”.

Además, Patricio Charr, representante legal de varias productoras, subrayó que la medida afecta derechos fundamentales como el fomento de la cultura y el turismo: “Lo único que hace el Gobernador con esta medida es aparentar una supuesta lucha pero en realidad se ha avasallado contra derechos fundamentales como el fomento de la cultura, el esparcimiento, el derecho al trabajo, la inversión privada y el turismo”. Los empresarios han anunciado la intención de llevar sus denuncias ante la justicia, alegando pérdidas económicas significativas y discriminación hacia el sector.

El gobierno defiende la prohibición por seguridad y salud pública

Ante las críticas, el gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó su postura en diversas ruedas de prensa, enfatizando que la prohibición de las fiestas electrónicas responde a la necesidad de proteger la salud y la vida de los jóvenes tucumanos. “Las fiestas electrónicas son beneficio para algunos cuantos y perjuicio para mucha otra gente. Mayoritariamente, se vende droga”, declaró Jaldo, subrayando los riesgos asociados a estos eventos. Además, señaló que la medida será oficializada mediante decretos y que se están elaborando protocolos de funcionamiento en conjunto con los Ministerios de Seguridad, Salud Pública, Educación y la Policía de Tucumán.

Los empresarios del sector solicitaron que el proyecto de regulación de las fiestas electrónicas se trate como parte de las sesiones extraordinarias de la Legislatura. Sin embargo, la propuesta se incorporaría al cronograma de las sesiones ordinarias lo que, según los empresarios, resultará en un retraso significativo. Y es que la próxima sesión ordinaria está programada para mediados de diciembre, lo que afectaría la realización de eventos previstos para los meses de octubre y noviembre, generando mayores pérdidas económicas y complicaciones logísticas para los organizadores.

Contexto y repercusiones de la prohibición

La prohibición de las fiestas electrónicas en Tucumán se implementa en un contexto de creciente preocupación por el consumo de drogas en eventos masivos. Durante el fin de semana anterior al anuncio, se suspendieron eventos como «Proyecto Aborigen» en San Miguel de Tucumán, donde las autoridades argumentaron la falta de permisos y la presencia de actividades ilícitas. Sin embargo, los organizadores han denunciado una persecución injustificada y han señalado la falta de una legislación clara que permita regular adecuadamente estos eventos sin recurrir a la prohibición total.

Los productores de música electrónica han señalado que la medida no aborda el problema de fondo relacionado con el consumo de drogas, calificándola de una solución superficial que estigmatiza al sector sin implementar estrategias efectivas de prevención y control. Asimismo, han destacado la importancia de una regulación que permita la realización de eventos seguros y responsables, en lugar de recurrir a prohibiciones que solo generan clandestinidad y dificultades económicas para los organizadores.