La Justicia dictaminó que el ataque contra la Embajada de Israel en marzo de 1992 y la explosión en la AMIA en julio de 1994 fueron ordenados por Irán y ejecutados por Hezbollah. La Cámara Federal de Casación Penal consideró que estos atentados tuvieron un propósito político y estratégico por parte de Irán. Lo que se constituye según los Códigos Penales argentinos e internacionales como crímenes de lesa humanidad.

Esta sentencia es significativa dentro del caso AMIA, que pronto cumplirá 30 años. El fallo reconoce el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares. También abre la posibilidad de que Argentina demande a Irán, especialmente por vías diplomáticas, arbitraje o la Corte Internacional de Justicia. La resolución destaca la naturaleza delictiva del terrorismo internacional yihadista. Señalando que la AMIA fue objeto de un plan organizado y financiado por grupos vinculados a un Estado, como Hezbollah.

Además, la Cámara insta a acelerar las investigaciones relacionadas con los atentados y llama a la implementación de políticas públicas para fortalecer la lucha contra el terrorismo. Así como también a modernizar la documentación de inteligencia desclasificada y avanzar en procesos judiciales con mayor eficacia.

En un fallo conexo, se confirmaron la mayoría de las condenas por irregularidades en la investigación inicial del caso. Sin embargo, se realizaron modificaciones en algunas penas. Esta decisión tiene implicaciones políticas y jurídicas a nivel internacional. Especialmente en el marco de la evaluación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la actuación de Argentina en el caso AMIA.