El peronismo/kirchnerismo en la Cámara de Diputados se encuentra en una situación en la que no cuenta actualmente con los votos necesarios para rechazar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por Javier Milei. Con este panorama, no planearían convocar a una sesión especial con resultados inciertos. No obstante, están evaluando la posibilidad de alcanzar acuerdos en las negociaciones sobre la nueva Ley de Bases y el pacto fiscal con las provincias. Lo cual podría sumar los apoyos que les faltan. Además, consideran que el clima social actual también aumentaría la presión para rechazar el DNU.

Los diputados de Unión por la Patria estarían atentos a las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias. Ya que entienden que el fracaso en estas negociaciones podría inclinar la balanza hacia la derogación del decreto que modifica múltiples normativas. En cuanto a las negociaciones con las provincias, se destaca la disconformidad de algunos gobernadores. Especialmente los patagónicos, con el mínimo imponible propuesto por el Gobierno para el impuesto a las Ganancias. Esto ha generado tensiones y preferencias por otros mecanismos de recaudación que fortalezcan las arcas provinciales, propuestas que no son aceptadas por la Casa Rosada.

El papel de los gobernadores será fundamental en este proceso, ya que su posición puede ser determinante en la decisión final de rechazar o ratificar el DNU en la Cámara de Diputados. La capacidad del Gobierno para llegar a acuerdos respecto a los fondos provinciales será crucial en este sentido.

Por otro lado, el clima social generado por el impacto del ajuste económico también es considerado por el peronismo en sus cálculos políticos. La situación económica actual y la presión social resultante son factores que influyen en las decisiones de los bloques parlamentarios.

El posible plan B ante la caída del DNU

En paralelo, desde el PRO, la UCR y HCF continúan presentando proyectos que retoman algunos puntos del DNU, considerando que cuentan con consenso suficiente para ser aprobados por ley. Sin embargo, el Gobierno sigue apostando a su posición inicial y no contempla ceder la iniciativa a sectores de la oposición. La rigidez del Gobierno a la hora de negociar, evidenciada en la determinación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria por decreto, ha generado críticas por parte de la oposición y muestra las dificultades en alcanzar acuerdos en el actual contexto político y económico.