El gobernador Osvaldo Jaldo se mantiene expectante a la sesión extraordinaria de la Legislatura provincial programada para mañana jueves 8 de enero. Allí se tratará la Ley de Emergencias en Obras Públicas. El gobierno señala que de aprobarse, se retomarán algunas construcciones detenidas actualmente. Esto daría lugar al cumplimiento de contratos y la reactivación del sector que permanece paralizado desde diciembre pasado. De acuerdo al proyecto, la norma otorgaría un marco legal a la finalización parcial de obra entre el Estado provincial y las empresas de la construcción, sin que haya sanciones por incumplimiento. Además, permitiría la devolución del financiamiento por parte de Nación a la provincia.

Jaldo aseguró que los recursos y certificados de Nación no están llegando, por lo que las empresas tampoco están cobrando. Debido a esto, las obras disminuyen sus avances, y los trabajadores nucleados en la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) están sin trabajo.  El mandatario señaló que la ley le permitirá al Ejecutivo negociar contratos, de manera que la provincia pueda asumir los costos de algunas obras. Jaldo sostuvo que «mientras la situación económica de la Provincia lo permita”, se retomarán construcciones con recursos provinciales. Estos se recuperarían luego con la financiación correspondiente de Nación.

El área prioritaria para el gobierno actualmente es Educación. El Ejecutivo provincial busca concretar el mejoramiento y refacción de escuelas. En materia de Seguridad, está programado continuar la Cárcel de Benjamín Paz en Las Talitas. La misma se encuentra en un 50% de ejecución. Otra prioridad grande en la provincia es la instalación de sistemas de agua y cloacas. Según el gobernador, el 90% de la obra pública en estas áreas era financiada por el Estado nacional. En el 10% restante intervienen organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomentos (CAF). 

Desde el sector de la construcción, aguardan avances en la Ley Ómnibus, para tener un panorama más claro sobre las medidas concretas que se implementarán en materia de obra pública. La UOCRA seccional Tucumán, quien se opuso a las reformas laborales incorporadas en el proyecto del gobierno nacional, señaló que la paralización de las obras pone en riesgo miles de puestos de trabajo. «Atenta contra el desarrollo económico y productivo del país”, señalaron.